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«Análisis sobre la situación del campo...

Miércoles 20 de julio de 2016, por Anarco sindicalista

«Análisis sobre la situación del campo andaluz»

En este dossier desde la CNT de Málaga queremos hacer un análisis de cual es la situación agraria y del campo andaluz actualmente. Además haremos una valoración de las consecuencias de este funcionamiento del agro andaluz y ofrecemos una serie de propuestas y alternativas desde nuestro punto de vista, como sindicato de clase y que aspira a una transformación social.

En el estudio haremos un breve repaso por la situación histórica de la tierra para comprender mejor la situación actual, para después entrar en el tema de las subvenciones de la PAC a grandes propietarios, el panorama de las campañas agrícolas y de l@s jornaler@s a día de hoy.

 Breve introducción histórica

El tema de la tierra viene siendo el telón de fondo de muchos de los acontecimientos más importantes de la historia reciente de este país. Desde inicios del siglo XX la lucha por la tierra era algo vital para la clase trabajadora y el movimiento obrero. Así pues, la mayor parte de la tierra se concentraba en unas pocas familias de grandes terratenientes que acumulaban miles de hectáreas en todo el estado y más concretamente en Andalucía…

Lo primero que hicieron los poderosos terratenientes y familias del régimen nada más ganar la guerra fue volver a la vieja propiedad de la tierra y a manejar sus dominios agrícolas con mano de hierro, volviendo la esclavitud para miles de jornaler@s que volverían a estar atados a los latifundios y al señorito, con una estructura agraria similar a la del siglo XIX…

Tras el oscuro período franquista el período conocido como Transición volvió a reavivar el debate sobre la tierra y la Reforma Agraria, y miles de personas en Andalucía salieron a las calles pidiendo tierra y libertad en multitudinarias manifestaciones, además de en bastantes ocupaciones de tierras que se dieron en esos años…

 Grandes propietarios y ayudas de la PAC

En una región como Andalucía donde el paro supera el 30% y el paro juvenil supera el 50%, el PSOE desde la Junta de Andalucía habla de cambio y de progreso. Una región donde la tierra y los grandes latifundios siguen siendo de unas cuantas grandes fortunas y empresas, que poseen la mayoría de la tierra, mientras miles de andaluces tienen que emigrar a otras regiones y países para ganarse la vida…

Familias como los Mora-Figueroa Domecq, cuyas empresas obtuvieron en 2013 del erario público 7,3 millones de euros; la casa de Alba obtuvo 2,9 millones de subvenciones a través de 5 empresas; Mercadona, compañía propiedad de Juan Roig, el segundo multimillonario de España, recibió 2,6 millones; Juan Villar Mir, Juan Abelló, Jaime Botín, Mario Conde y un largo etcétera de empresarios, terratenientes, promotores inmobiliarios, nobles, etc, engrosan esta lista de grandes perceptores de millonarias ayudas de la PAC.

Pero la cosa no queda ahí, las millonarias subvenciones que reciben estas familias y empresas de la Política Agraria Comunitaria no es por tierra cultivada o por producción agroalimentaria, es por extensión de terreno principalmente, ya que para recibir las ayudas se acepta como “actividad agraria” el “mantenimiento en estado adecuado para el pasto o el cultivo sin ninguna acción preparatoria”…

 La otra cara de la moneda: jornaler@s y campañas agrícolas

Las campañas agrícolas son escasas en Andalucía y de carácter endémico, localizadas en regiones concretas y con escasa diversidad de cultivos. Las enormes ayudas de la UE al olivar han fomentado su cultivo masivo, viendo mares de olivos en el campo cordobés y jienense, y desechando, por tanto, otros muchos cultivos que cubrían hace décadas el campo andaluz, como el caso de las viñas, algodón, legumbres, etc.

La consecuencia de la progresiva mecanización de las tareas agrícolas y la falta de diversidad de cultivos en esta región es que el tiempo trabajado se reduce considerablemente y obliga a la emigración continua para realizar campañas.

… en la práctica nos encontramos con situaciones de abuso y explotación como en la campaña de la naranja en Palma del Río, donde es bien conocido y ha sido denunciado en anteriores campañas que se están pagando sueldos de 20 euros diarios en muchos tajos. Viéndose much@s trabajadoras/es obligad@s a trabajar en estas condiciones por la necesidad de reunir los jornales necesarios para poder cobrar la renta agraria, como subsidio básico de subsistencia…

En Jaén, la provincia que cuenta con más olivar, contando con más del 40% de la producción estatal, se generan cerca de 6 millones de jornales, de los que se declaran unos 2,5 millones. Es decir, no se declara ni la mitad de jornales trabajados y se genera un enorme fraude por parte de la patronal agraria que no da de alta a miles de jornaler@s eventuales, o bien les dan de alta el número mínimo de peonadas.

 Conclusiones y alternativas

El modelo de propiedad agraria que tenemos en Andalucía y en el resto del Estado se ha quedado paralizado en buena parte en el siglo XIX, con los grandes latifundios repartidos por diversas provincias y una nula redistribución de los recursos y de las riquezas agrícolas de la tierra…

A nivel autonómico la Junta de Andalucía, es decir el PSOE andaluz, ha generado una política agraria que ha estado dirigida a mantener esas enormes propiedades, por un lado, y a mantener unos subsidios agrícolas para l@s jornaler@s, por otro, que no son nada más que las migajas para no dejar despobladas las zonas rurales y en su día poder eliminar la conflictividad social en el campo.

Las soluciones pasan por una inmediata puesta en producción de las tierras públicas y privadas sin producir mediante cooperativas agrarias de trabajadores; la denuncia activa de las millonarias subvenciones de la PAC recibidas por las grandes fortunas y empresas, señalando con nombres y apellidos a dichos beneficiarios; la creación de un Banco Público y Comunitario de tierras que revierta en un uso social de la misma; priorizar en la producción agroecológica, local y en la biodiversidad; cumplimiento y mejora de los Convenios provinciales, y denuncia de situaciones de explotación y fraude en los tajos.