Los procedimientos de este tipo que se dirimen en los doce juzgados de lo Social han crecido un 32% en 12 meses. Las causas por conflictos colectivos también han subido considerablemente
JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA Una vieja frase que manejan los jueces desde hace muchos años viene a incidir en la realidad que vive la judicatura cuando el país atraviesa una crisis económica: aumenta mucho el trabajo de los magistrados. La falta de dinero es directamente proporcional al incremento de la litigiosidad. Buena prueba de todo ello es que los doce juzgados de lo Social con competencia provincial efectuarán más de 1.700 juicios a lo largo de este mes, la mayor parte de ellos referido a asuntos de despido, según los datos aportados por el Juzgado Decano de la capital.
Cada uno de estos órganos celebra juicios durante diez días al mes, y la media de vistas oscila entre los 10 y los 17 a lo largo de cada jornada. Hay otros asuntos, pero la crisis ha hecho que sólo un pequeño porcentaje de actos judiciales no esté relacionado con conflictos por despidos improcedentes a lo largo de octubre.
El último dato se acaba de conocer: el número de procedimientos por despidos improcedentes, que se dirimen en los 12 juzgados de lo Social existentes en Málaga, ha crecido más de un 32 por ciento entre el mes de septiembre de 2007 y el mismo periodo del presente ejercicio, según los guarismos que maneja el Juzgado Decano de la capital.
Esto quiere decir que si hasta el 26 de septiembre del año pasado entraron en los juzgados 1.443 causas de este tipo, hasta el mismo día de 2008 el número de asuntos por despido es de 1.981. Pero hay más. Sólo en los nueve primeros meses de 2008 han entrado 129 litigios más de este cuño que durante la totalidad del ejercicio 2007. Un dato curioso: el número de vistas pos despido que se van a efectuar durante octubre iguala a los procedimientos que por este motivo han entrado en los órganos sociales durante este ejercicio.
Crisis para todos. «La crisis, evidentemente, tiene su reflejo en el aumento de procedimientos laborales, sobre todo en materia de despidos», apunta el juez decano, Manuel Caballero Bonald, quien al mismo tiempo explica que «estas causas tienen una tramitación preferente, por lo que no se ponen a la cola del resto de temas». El tiempo medio de respuesta a los trabajadores y a las empresas por parte de los jueces de lo Social varía entre los cinco y los ocho meses. Un periodo medio muy destacado si se compara con la lentitud de otras jurisdicciones (Civil, Penal, Contencioso-Administrativo o Mercantil).
En este tipo de asuntos, el juez puede declarar el despido procedente, improcedente o nulo, dictando una sentencia que beneficiará a la empresa o al trabajador. A todos estos datos hay que sumar aquellos procesos que lleva el Juzgado de lo Mercantil, dado que éste es competente en materia de resolución de contratos cuando la empresa está inmersa en un concurso de acreedores. La situación de este juzgado es dramática. Pero los asuntos de despidos no son los únicos que han crecido. Por ejemplo, la crisis también se refleja en relación a las causas por conflictos colectivos: se turnaron 48 hasta septiembre de 2008, por los 38 repartidos hasta el mismo mes de 2007.
En relación a los procedimientos de salarios y sanciones laborales, los juzgados de lo Social también han experimentado un ingente crecimiento: desde los 2.096 registrados en septiembre de 2007 hasta los 2.693 detectados en el mismo mes de 2008.
En total, las causas que se turnaron en 2007 a los diversos órganos unipersonales ascienden a 8.327, mientras que este año se han repartido entre la docena de jueces 9.571.
«No podemos hablar de colapso, pero sí de congestión. Gracias al esfuerzo de jueces y funcionarios se estaba dando una respuesta muy rápida, pero ahora estas causas están creciendo mucho por la crisis. Tenemos la esperanza de que se cree al menos un juzgado más de lo Social, pero a la vista de que la situación económica se va a mantener lo ideal sería que vinieran a Málaga dos órganos de este tipo», señala Caballero Bonald.
El módulo propuesto por el Consejo General del Poder Judicial sitúa la carga de trabajo en los 850 asuntos resueltos por cada magistrado al año, un registro que durante 2007 fue superado en un 21% por la jurisdicción Social y que, a lo largo de 2008, alcanzará el 40%, según las estimaciones del juez decano.
