El pasado día 5 de Febrero el Gobierno presentó su propuesta de cambios en el mercado laboral, a pesar de que han intentado presentar dicha propuesta como suave y genérica, lo cierto es que plantea una batería de medidas que vienen a recoger una por una las principales demandas de los empresarios.
Por una parte pretenden garantizar que los empresarios puedan despedir a menor coste (generalizando el contrato de fomento de empleo con indemnización de 33 días por año en lugar de 45), y por otra que puedan contratar mano de obra más barata (fomentando los contratos de formación y los contratos a tiempo parcial, y realizando un plan especial de empleo juvenil).
Asimismo abre las puertas a la progresiva privatización de los servicios públicos de empleo mediante las agencias privadas de colocación. También permitirán que las ETTS entre en sectores que hasta ahora tenían vedados, como la construcción o los servicios públicos. Proponen nuevas restricciones y controles a los trabajadores que se den de baja por Incapacidad temporal. Facilitaran que los empresarios puedan hacer EREs con menos tramites y mayor facilidad. Quieren adoptar el modelo alemán para combatir los ajustes laborales (reducciones del horario laboral a empresas con problemas, pagando el Estado las horas no trabajadas).
Por otra parte se sugieren cambios en la estructura de la negociación colectiva, para posibilitar lo que ellos llaman flexibilidad interna de las empresas (en la práctica servirá para que muchas más empresas puedan legalmente incumplir los ya escasos derechos recogidos en los convenios colectivos).
De cara a que los sindicatos oficiales puedan intentar salvar la cara ofrecen un par de señuelos: mejorar la protección social de los contratos a tiempo parcial y de formación, y perseguir mediante la inspección de trabajo el uso fraudulento de las contrataciones temporales.
Si finalmente salen adelante estas propuestas, estaremos una vez más ante una gravísima agresión contra los derechos de los trabajadores y una victoria de la élite financiera y empresarial.
Es un deber ético impedir que esto suceda.
Secretariado Permanente del Comité Regional Andalucía, CNT-AIT