En la pasada huelga en el sector de la educación, estudiantes y trabajadores salieron a la calle para luchar contra la inminente privatización de la educación, para parar la LOMCE y pedir mejoras y reclamar derechos en las condiciones laborales.
La respuesta del Estado a través de la Subdelegación del Gobierno y sus instrumentos de represión (Policía Nacional) ha sido la de sancionar económicamente a través de una veintena de multas a aquellas personas que participaron en la convocatoria con el afán de defender los derechos de la clase trabajadora y el acceso y permanencia al sistema educativo en igualdad de oportunidades. Cinco de esas multas fueron a parar a militantes de este sindicato que decidieron secundar la convocatoria. Lo paradójico de esta historia es que tanto a estas cinco multas como al resto se les acusa de acciones y hechos que no acontecieron y además fueron impuestas sin identificación previa ni levantamiento de acta de denuncia delante de los acusados. Empieza a oler a podrido…
La historia más llamativa es la de un joven estudiante que pertenece a otro colectivo y que participa activamente en los movimientos sociales de la capital. Éste también recibió la multa a pesar de que se encontraba a miles de kilómetros disfrutando de la conocida beca Erasmus. ¿Hablamos del uso de listas negras por parte de la Brigada de Información de la Policía Nacional? Toma democracia!… come libertad! Lo que está claro es que parte de esas multas han ido a parar a personas que participan activamente en los movimientos sociales o militan en algún colectivo u organización política de índole contraria a la que sustenta el poder. Estas medidas impuestas tienen un claro sentido amedrantador ya que lo que busca el Estado con las mismas es perseguir, intimidar, atemorizar y apaciguar a personas dispuestas a salir a la calle a luchar por lo que les pertenece y a todo aquél que de un paso adelante y peleen por sus derechos y los derechos de los que vienen detrás. Pero el Estado se olvida de una herramienta potente con la que cuenta la clase trabajadora: la solidaridad. Estas multas no van a frenar nuestra acción sindical y política. Seguiremos luchando en los centros de estudio, trabajo y en la calle contra el sistema capitalista y contra el Estado que nos oprime. Esta campaña se hace con el objetivo de visibilizar los tejemanejes que la democracia usa para tenernos “atados y bien atados” y denunciar públicamente el acoso al que se ven sometidos los movimientos sociales en esta capital y el resto del estado español. DEFENDER LA EDUCACIÓN NO ES UN DELITO CONTRA LA REPRESIÓN: ACCIÓN DIRECTA, SOLIDARIDAD Y LUCHA POPULAR
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