El viernes 24 de enero, en la sede sindical, de la mano del compañero Miguel Martínez, abogado de CNT Málaga y militante del SAT, pudimos empezar a desgranar el anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobado en diciembre, y que conlleva una gravísima agresión contra nuestros derechos y libertades.
Para ello, Miguel realizó una comparación entre esta nueva ley, que tiene que pasar todavía por el Congreso y el Senado antes de ser aprobada, y su predecesora, la conocida como «Ley Corcuera».
En primer lugar, se comenzó por clarificar que esta ley más que una cuestión de seguridad ciudadana, que se puede relacionar con la ausencia de delitos, es una cuestión de orden público. En lenguaje jurídico por «orden público» se entiende el hecho de garantizar la tranquilidad ciudadana: claro está, la tranquilidad de los ciudadanos más acaudalados y opulentos que manejan la vida económica y social a su antojo e interés. La finalidad de la misma no es otra que acabar con las movilizaciones y protestas que han surgido al calor de esto que nos han vendido como “la crisis”.
Como Miguel nos leía, el texto que formula el anteproyecto de ley deja clara en su fundamentación que su necesidad surge a causa de los cambios sociales que se han dado en el Estado Español en los últimos años.
También dice que pretende actualizar el régimen sancionador: la cuantía de las multas. Pero como nos decía el ponente no se trataba de reducir su valor, ya que muchos hoy atravesamos serias dificultades económicas, sino que se va aumentar el importe de las multas, además del número de conductas sancionables.
El público asistente agradeció enormemente el que la charla se encauzara con ejemplos prácticos y evidentes, lo que nos hacía entender mejor las consecuencias directas de la ley para las personas y organizaciones que apostamos por la acción y la lucha como forma de frenar el empobrecimiento, la explotación y la pérdida de derechos que estamos sufriendo in crescendo en los últimos años.
Y los más importante de la jornada, que Miguel resaltó nada más empezar: la charla y posterior debate deben servir para que los asistentes gocen de herramientas y argumentos y así ser voceros de esta amenaza contra nuestros derechos y libertades.
Ante esta ley, todas y todos tenemos una gran responsabilidad: ¡hay que frenarla!. Que la calle sea un clamor popular contra esta nuevo eslabón que ansían añadir a nuestras cadenas.