Conflictividad laboral en la intervención social en el año 2014
Durante este año 2014, la CNT se ha enfrentado a dos importantes ONG de ámbito internacional. El motivo no es otro que el del despido de dos trabajadores/as, uno en Aldeas Infantiles SOS en San Adrián de Besós, en Barcelona, y otra en Cruz Roja Española de Alicante.
El despido del compañero de Aldeas Infantiles vino dado por su constante reclamación de derechos básicos laborales a la empresa: cumplimiento del colectivo vigente y normativas de salud laboral. Durante su actividad profesional pudo observar, entre otras irregularidades: ausencia de revisiones médicas, superación de la jornada anual, impago de pluses, contratos de obra y servicio en fraude de ley, presiones de la empresa para trabajar gratis o impedimentos para tomar las vacaciones en periodo navideño. Por reclamar sus derechos y denunciar estas irregularidades mediante reuniones con la empresa, o denuncias a la inspección de trabajo, la empresa procedió al despido disciplinario, acusando en la carta de despido al compañero de disminución continuada y voluntaria del rendimiento en el trabajo, para así no tener que pagarle la indemnización correspondiente.
Pero este no es un caso aislado de represión contra los trabajadores/as por Aldeas Infantiles SOS. CCOO y UGT, en octubre de 2013 denunciaron públicamente el despido irregular de una trabajadora en Cuenca y la vulneración de los derechos fundamentales de los/as trabajadores/as, obligándoles a estar trabajando en jornadas de 120 horas de trabajo ininterrumpidas sin ni siquiera pagar las horas que se realizan fuera de la jornada laboral. Es lo que esta empresa denomina “Madres”, que no son otra cosa que educadoras, psicólogas o integradoras.
La compañera de Cruz Roja de Alicante, tras 22 años de trabajo en la empresa, fue despedida del CIBE (Centro de Intervención de Baja Exigencia) por una acusación machista muy habitual en el sector de la drogodependencia, y a la que muchas trabajadoras tienen que enfrentarse: ser acusada de tener relaciones con un usuario. Y aun con el apoyo de las compañeras del centro de trabajo y otros sindicatos, la empresa decidió hacer efectivo el despido disciplinario, para que así la trabajadora no pueda tener derecho siquiera a la indemnización correspondiente.
Y al igual que en Aldeas Infantiles SOS, este tampoco es un hecho aislado. Algunas violaciones de los derechos de los/as trabajadores/as de Cruz Roja recientemente son:
Tímidas denuncias a nivel de la organización por acoso laboral en Cataluña, contratación irregular y varios despidos injustificados de trabajadores/as que intentaban organizarse.
En junio de 2014, CCOO de Valladolid denuncia el despido y pérdida de 11 puestos de trabajo en la Comunidad (6 de la Central de Coordinación Regional de Teleasistencia en Valladolid, 3 en la sede de Salamanca y 2 en la sede León, uno en la capital y otro en Ponferrada).
En 2012, el sindicato canario SITCA logra a través de sentencia judicial la readmisión de siete despedidos o el pago de 50.000 euros en indemnizaciones.
En el año 2011, en Jaén se consiguió paralizar un ERE extintivo que presentaba esta empresa contra 22 trabajadores/as en un marco de evidencia de sustitución de mano de obra para instaurar la precariedad laboral y la flexibilidad.
Las empresas de la intervención social y el convenio
Los dos conflictos que lleva actualmente la CNT contra Cruz Roja y Aldeas Infantiles SOS, así como los abusos patronales detallados y otras violaciones de los derechos de los/as trabajadores/as de estas y otras ONG (que no salen a la luz por temor a las represalias o por desconocimiento), no son casualidad ni hechos aislados, es una ofensiva de las empresas de este sector para que a través del miedo, se instaure la precariedad laboral y la flexibilización del mercado de trabajo. Y el mejor ejemplo de lo que quieren las empresas de la intervención social para sus trabajadores/as, lo tenemos en los movimientos de ficha de estas empresas en lo relacionado con el convenio de la intervención social.
Desde que en el año 2009, una sentencia de la Audiencia Nacional diese nulidad al Convenio Colectivo Marco Estatal de Acción e Intervención Social que se firmó y publicó en 2009, los/as trabajadores/as del sector hemos vuelto otra vez a la completa incertidumbre. Otro intento se ha realizado en 2012 desde los sindicatos y las patronales, quedando estancadas las negociaciones en 2013. La cronología de las publicaciones, nulidades y propuestas de los convenios estatales y de la Comunidad de Madrid es la siguiente:
2007 Publicación en el BOE del I convenio colectivo estatal de Acción e Intervención Social
2008 Sentencia del TSJ Madrid de la nulidad del convenio colectivo CM Sector Intervención Social.
2009 Sentencia de la Audiencia Nacional de la nulidad del Convenio Colectivo Marco Estatal Acción e Intervención Social.
2010 Sentencia del Supremo de la nulidad I Convenio Colectivo Marco Estatal Acción e Intervención Social.
2012 Propuesta patronal de convenio colectivo de Intervención Social en la CM.
2013 Última propuesta de convenio colectivo de Intervención Social de la CM.
El motivo de las impugnaciones del convenio de ámbito estatal es la legitimidad negociadora de las diversas patronales del sector. Entre las demandantes sobre la legitimidad de las patronales negociadoras, encontramos a la patronal OEIS (Asociación Estatal de Organizaciones de Acción e Intervención Social), entre cuyos miembros están Aldeas Infantiles SOS de España y Cruz Roja Española, junto con otras importantes empresas de la intervención social como Cáritas Española, Acción contra el Hambre, RAIS o Médicos del Mundo.
Los/as compañeros/as de nuestro sindicato estuvimos comparando y estudiando las nuevas propuestas que se estuvieron negociando entre las patronales y los sindicatos CCOO y UGT de convenio del ámbito de la Comunidad de Madrid y llegamos a las siguientes conclusiones:
Se elimina el plus de antigüedad.
Se elimina la ayuda para el transporte.
Se congelan los salarios.
Se establece un irrisorio plus de nocturnidad del 10%.
Las categorías salariales están difusas.
Se disgrega absolutamente el sector.
Se subroga solo a los trabajadores/as indefinidos/as.
Se abre la veda a las externalizaciones y privatizaciones masivas.
Aumenta la duración de los contratos basura de obra y servicio hasta 5 años.
La conclusión que sacamos los/as trabajadores/as organizados en CNT no es otra que, más allá de los conflictos de intereses que existan entre las patronales del sector, el único interés que mueve a la impugnación continua y a las propuestas basura no es otra que continuar con la disgregación del sector, negociar convenios en pequeños sectores, y precarizar continuamente para que impere la ley del miedo entre los/as trabajadores/as, y conseguir de forma más sencilla los conciertos con la administración pública, perjudicando a otras pequeñas patronales o asociaciones cooperativistas.
Es por ello que los conflictos que actualmente lleva la CNT en el ámbito de lo social no son mera casualidad, sino forman parte de la mercantilización de los servicios sociales, y la transformación de los pobres en un mercado rentable donde sus necesidades se convierten en beneficios para estas organizaciones; con las trágicas consecuencias para los/as trabajadores/as ya descritas, y la precariedad en la atención e intervención para los/as usuarios/as.
Vemos que el principal problema de este sector es la desorganización de los/as trabajadores/as, situación que ha estado aprovechando CCOO para intentar sacar partido y ganar militantes y apoyos de la asamblea de Intervención Social en Lucha, para ganar legitimidad si se llega a firmar el acuerdo de convenio con la patronal. La realidad que ya hemos comprobado y denunciado desde CNT muchas veces es que CCOO, UGT y cualquier sindicato que participa en los comités de empresa y recibe subvenciones del estado, no ejercen ninguna función de defensa ni de representación de los/as trabajadores/as. Estos solo buscan legitimidad para ganar dinero a través de los pactos con la patronal y el gobierno, mantener la paz social y servir de colchón o absorber cualquier tipo de movilización por parte de los/as trabajadores/as. Mientras estos pierden capacidad de debate entre sí mismos, se pierden la capacidad de acción y los conceptos de solidaridad y apoyo mutuo que han caracterizado siempre a las organizaciones obreras.
Por eso, desde el anarcosindicalismo proponemos nuestro modelo de practicar sindicalismo, desde el asamblearismo, donde todos debatimos y decidimos, la acción directa y la solidaridad, sin intermediarios para solucionar nuestros problemas, y la autogestión para no depender del estado para llevar nuestra acción sindical y social. De nosotros/as depende trabajar con dignidad y dar una intervención digna, o sumirnos en la precariedad y someternos a las prácticas semiesclavistas de algunas de estas empresas.
Reivindicaciones de la CNT-AIT en el sector de la intervención social:
Estabilidad en el empleo: no a la temporalidad. Contratación indefinida desde el primer día como norma, no como excepción.
Respeto a la libertad sindical: es habitual en el sector que cuando reivindicas cualquier derecho laboral, no seas escuchado, te despidan y no te renueven.
Aplicación de los convenios reglamentarios: se aplican otros convenios no vinculados con el sector, como el de Oficinas y Despachos, Hostelería, etc., por ser más precarios y rentables, algo que es ilegal.
Categorías profesionales adecuadas: en muchas ocasiones, la categoría laboral que aplican en el contrato es irreal e inferior a la que desempeñamos, por lo que el salario es menor.
Realidad de las horas de trabajo: en muchos casos no incluyen las horas reales que trabajamos, sino solo las de actividad con los usuarios (p. ej. reuniones de programación, compra de material, etc.)
Libertad de conciencia: no somos predicadores, sino trabajadores/as.
Transparencia y claridad en las cuentas y en la gestión: acceso a los datos de las subvenciones y las cuentas para saber a qué se destina el dinero.
Aumento salarial y social: mayor retribución y percepción de derechos para aumentar la calidad de vida.
No a la disgregación del sector: se divide a los/as trabajadores/as por distintos convenios, por lo que se merma nuestra capacidad de lucha.
Cese de cualquier chantaje emocional: los empresarios se excusan en con que si se llegan a aplicar reivindicaciones, se empeora el servicio, cuando esto supone beneficios para los/as usuarios/as.