En las últimas semanas hemos asistido a toda una serie de episodios represivos que parecen haberse orquestado con el fin de atemorizar a los movimientos sociales y a la ciudadanía organizada ante la aprobación de la ley mordaza, rubricada definitivamente el pasado miércoles 26 de marzo. El último ejemplo ha sido el reciente ataque a varios CSO’s y viviendas okupadas en la mañana del 30 de marzo, que se ha saldado con numerosas detenciones y el registro y destrozo de estos espacios de lucha colectiva.
En la madrugada del 10 de marzo se asestaba el enésimo golpe represivo a los movimientos en defensa de la vivienda con la detención en sus propias casas de 19 jóvenes que habían participado en una protesta contra los desahucios. La policía imputó a los detenidos un delito contra las instituciones del estado y algunos de ellos, desórdenes y resistencia, manteniendo a la mayoría de estos detenidos hasta la mañana del 12 de marzo, en lo que constituye un claro ejemplo de detención de castigo. La mayoría de las personas detenidas pertenecen a Distrito14, colectivo que ya había sido previamente señalado y criminalizado desde fuentes policiales. Lo que nos llama poderosamente la atención es el hecho de que fueron identificadas el mismo día de la protesta en el pleno por la Policía Municipal y, como este mismo cuerpo ha expresado, no hubo ningún conflicto durante la protesta, por lo que ningún agente consideró que existiese indicio de delito ni necesidad alguna de detenerlos.
Pese a ello, y a pesar de estar perfectamente localizables y no existir ningún motivo para pensar que no fuesen a comparecer para declarar, casi un mes después la Policía Nacional irrumpe bruscamente en sus casas a las 7 de la mañana para llevárselos a comisaría, con la clara intención de amedrentar y realizar una de sus tantas demostraciones de fuerza, haciendo una vez más de las detenciones ya no sólo un castigo, sino un auténtico circo.
No existe argumento razonable para justificar estas detenciones, y mucho menos la agresividad con que se producen, cuando lo lógico, en caso de haber considerado que concurriese algún hecho punible, es que se hubiese requerido a los intervinientes para declarar mediante una sensata y acertada citación.
A su vez, apenas una semana y media después de estos hechos, la manifestación de las Marchas de la Dignidad de Madrid terminó con la detención de 17 personas, 3 de ellas menores, tras unas fuertes cargas policiales en las que los antidisturbios se emplearon con saña y gran violencia contra los grupos de manifestantes, causando lesiones a la mayoría de las detenidas por el empleo de una fuerza desproporcionada, llegando a retener tras las cargas y durante más de 2 horas a cerca de 30 personas en la calle La Paz, obligándolas a permanecer de rodillas soportando el frío y sometiéndolas a insultos, golpes y trato degradante. De nuevo, desde la prensa y desde fuentes policiales se había adelantado una criminalización de esta marcha, que hacía prever una fuerte represión.
El pasado lunes volvimos a asistir a otra actuación policial teatralizada, desproporcionada y fuera de contexto, en este caso contra el movimiento anarquista, en un nuevo intento de criminalizar y atacar tanto a los espacios como a las personas que defienden esta ideología. El fuerte dispositivo policial desplegado detuvo en Madrid, Barcelona y Palencia a un total de 27 personas, algunas de las cuales serán llevadas ante la Audiencia Nacional por delitos de organización criminal con fines terroristas, según el propio Ministerio del Interior ha difundido.
No podemos más que manifestar nuestro estupor por la manipulación mediática que está acompañando todo este asunto, con vulneraciones constantes del derecho a la presunción de inocencia de las detenidas, fuertes acusaciones sostenidas únicamente en “fuentes policiales” vagamente justificadas -llama la atención que una de las principales acusaciones hable de tenencia de explosivos y se jacten de haber encontrado en los registros realizados en viviendas “una botella de camping gas”, o que se reavive de nuevo el fantasma del atentado en La Almudena cuando ya hay personas cumpliendo penas de prisión por el mismo hecho-, una total falta de información de los hechos que han motivado las detenciones y un discurso por parte de las Instituciones que parece un adelanto del Derecho Penal del Enemigo que se pretende apuntalar con las últimas reformas del Código Penal y la Ley Mordaza. Ante todo esto sólo cabe una conclusión: se les ha detenido por anarquistas.
Este tipo de detenciones, que inevitablemente nos recuerdan a tiempos pasados, no nos resultan para nada nuevas. Sólo en los últimos años tenemos varios ejemplos: los 6 detenidos el 22 de junio por una acción del 29 de mayo de 2012, el 28 de noviembre por una acción en la Universidad Complutense el 20 de noviembre de 2013, 4 detenidos el 31 de enero de 2014 en un desahucio, 3 detenidos en la Operación Guinda el 27 de febrero del 2014 o los 11 detenidos el 4 de abril de 2014 por la manifestación del 22 de marzo, en la Operación PUMA 70. Parece que Delegación de Gobierno ha encontrado en la Caza de Brujas un modus operandi perfecto para criminalizar y estigmatizar frente a sus vecinas a las que luchan, y ya de paso atemorizar al resto de personas con las que comparten la calle.
Una detención, con la privación de libertad que lleva aparejada, así como la imputación desmedida y gratuita de delitos contra las instituciones del Estado son actuaciones suficientemente graves para no ser utilizadas de un modo trivial o interesado.
Igualmente, nos alarman los testimonios de las personas detenidas que confirman la continuación de los interrogatorios a detenidos por policias (en la mayoría de los casos de la Brigada Provincial de Información) encapuchados y sin presencia Letrada; los tratos vejatorios constantes en dependencias policiales y las agresiones sufridas en la detención. Hemos podido observar que este comportamiento por parte de la policía tiene un patrón pre-establecido, modulándose este (mal)trato en función del perfil de las personas detenidas -cercanas a una ideología concreta y generalmente muy jóvenes, y el momento en que se produzcan las detenciones. Nos preocupa que pueda existir alguna base política para aplicar estas cuestionables prácticas policiales en las detenciones y paso por comisarías, ya que sólo tenemos noticia de que aparezcan en contextos de movilizaciones sociales ese especial agravio a las detenidas y conducta inapropiada hacia las abogadas.
Entendemos que nos encontramos en un periodo de precampaña electoral en el que el discurso de orden y seguridad o la efectividad policial ante supuestas amenazas (creadas) a la convivencia, suele acarrear un importante rédito político y que es una estrategia ya antigua infundir temor en posibles votantes que demandarán mayor castigo ante el aparente escenario de caos, o al menos asumirán el aumento de represión o pérdida de libertades a cambio de “protección” o “estabilidad”. Pero no podemos permanecer impasibles viendo cómo, aprovechando el contexto político cercano a elecciones y a la aprobación de reformas legislativas punitivas (Código Penal, Ley Mordaza y Pacto “Antiterrorista”), participar en la comunidad a través de una protesta se califique aleatoriamente como un delito, y además como un delito contra las instituciones del Estado, con la gravedad que ello supone.
Resulta verdaderamente inquietante que en un Estado de Derecho se dirija y aplauda desde la Delegación de Gobierno actuaciones policiales desproporcionadas utilizadas como castigo o efecto disuasorio ante expresiones disidentes, debido a su imposibilidad y fracaso a la hora de resolver profundos conflictos sociales, pretendiendo al mismo tiempo asustar a la población y criminalizar así a los movimientos sociales en general y, en especial, a aquellos colectivos que según la conveniencia política del momento interese: movimientos por la vivienda y anarquistas o sectores desprotegidos y marginados que intentan encauzar su malestar por la vía de la protesta, a los cuales se les margina y reprime de manera injustificadamente desigual.
Por otro lado, creemos que la respuesta a estos acontecimientos también merece una reflexión y revisión por parte de los movimientos sociales. En este tipo de prácticas represivas se busca, entre otras cosas, generar pánico y desorganización en el tejido social, razón por la que tenemos que ser capaces de mantener la calma en este tipo de situaciones. Creemos que es importante tener en cuenta lo aprendido en estos años y evitar que sean los aparatos represores los que nos marquen la forma de actuar ante estos acontecimientos. Seremos nosotras las que marquemos el cuando y el cómo, de forma colectiva y organizada. No nos dejaremos amedrentar por los cuerpos e instituciones que día a día hacer gala de un abuso de poder que siempre queda impune y seguiremos en la calle, luchando por lo que creemos. #NoPodránPararnos
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